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Fotos CotosLa palabra “democracia” hunde sus raíces en el término griego demokratia, que surge a su vez por la combinación de otros tres términos: demos, que significa pueblo, kratos, que significa autoridad y, kratein que significa gobernar. El Diccionario de sociología compilado por Salvador Giner, Emilio Lamo de Espinosa y Cristóbal Torres define la democracia como:

El orden político en el que la soberanía es ejercida por el pueblo. En ella todos los miembros adultos y capaces son ciudadanos con plenos derechos políticos. La democracia puede ser directa si los ciudadanos la ejercen sin intermediarios, a través de asambleas y otros procedimientos de autogobierno o representativa, si se ejerce a través de ciudadanos elegidos o nombrados por los ciudadanos para gobernar la cosa pública (Giner, Lamo de Espinosa y Torres, 1998:179)

 

El poder solía estar en manos de los príncipes, las oligarquías y las élites dirigentes; se definía como la capacidad de imponer la voluntad propia sobre los otros para modificar su conducta. Esta imagen ya no se adecua a nuestra realidad. El poder está en todas partes y en ninguna: en la producción en serie, en los flujos financieros, en los modos de vida, en el hospital, en la escuela, en la televisión, en las imágenes, en los mensajes, en las tecnologías (...) Puesto que el mundo de los objetos se escapa de nuestra voluntad, nuestra identidad ya no se define por lo que hacemos, sino por lo que somos y, de este modo, se hace a nuestras sociedades algo más próximas a la experiencia de las llamadas sociedades tradicionales, buscando el equilibrio más que el progreso. Ésta es la pregunta central a la que deben responder la acción y el pensamiento políticos: cómo restablecer un vínculo entre el espacio excesivamente abierto de la economía y el mundo excesivamente cerrado y fragmentado de las culturas (...) Lo fundamental no es tomar el poder, sino recrear la sociedad, inventar de nuevo la política, evitar el conflicto ciego entre los mercados abiertos y las comunidades cerradas, superar el colapso de las sociedades en las que aumenta la distancia entre los incluidos y los excluidos, los de dentro y los de fuera.

Alain Touraine, “Lettre a Lionel”, págs. 36-38[1]


Un proyecto de democracia radical y plural debe tener en cuenta “lo político” en su dimensión de conflicto y antagonismo y debe determinar las consecuencias de la irreductible pluralidad de valores. Éste debe ser el punto de partida de nuestro intento de radicalizar el régimen democrático liberal y de extender la revolución democrática a un creciente número de relaciones sociales. En lugar de protegernos del componente de violencia y hostilidad inherente a las relaciones sociales, la tarea es explorar la manera de crear las condiciones bajo las cuales esas fuerzas agresivas puedan ser desactivadas y desviadas para hacer posible un orden democrático pluralista.

Chantal Mouff (1999: 207)

 

 

Introducción



La democracia: entre lo normativo y lo empírico



La palabra “democracia” hunde sus raíces en el término griego demokratia, que surge a su vez por la combinación de otros tres términos: demos, que significa pueblo, kratos, que significa autoridad y, kratein que significa gobernar. El Diccionario de sociología compilado por Salvador Giner, Emilio Lamo de Espinosa y Cristóbal Torres define la democracia como:

El orden político en el que la soberanía es ejercida por el pueblo. En ella todos los miembros adultos y capaces son ciudadanos con plenos derechos políticos. La democracia puede ser directa si los ciudadanos la ejercen sin intermediarios, a través de asambleas y otros procedimientos de autogobierno o representativa, si se ejerce a través de ciudadanos elegidos o nombrados por los ciudadanos para gobernar la cosa pública ( Giner, Lamo de Espinosa y Torres, 1998:179)

Esta no es la única definición que se puede hacer del término. Miles de páginas podrían ser escritas con el único objetivo de definir la democracia. Precisamente es este uno de los retos que lleva afrontando la teoría política desde sus inicios, bien con el fin de demonizar a la democracia, o con el de alabarla –siendo el segundo de los fines, por increíble que pueda parecernos hoy, el más reciente en el tiempo-. Durante siglos, la democracia no fue valorada de forma positiva. Fueron muchos los que alegaron que se trataba de un régimen político abocado al fracaso, incapaz de proporcionar al gobierno las buenas virtudes necesarias para conducir al pueblo. Hasta finales del siglo XIX y principios del XX, no se invierte el giro valorativo del régimen democrático.

A la hora de definir el término se pueden adoptar dos vías. Bien definirlo desde el enfoque normativo, es decir, como el “deber ser” de la democracia, o bien desde la perspectiva empírica, como el “ser de” la democracia. La perspectiva normativa es un ejercicio reflexivo, fundamentado sobre juicios de valor sobre el deber ser de las cosas, que da lugar a tipos ideales que pueden servir de referencia, pero que resultan inalcanzables o inmaterializables en su estado puro. Por otra parte, el enfoque empírico, también supone un ejercicio reflexivo, pero este se fundamenta sobre la realidad observable y medible, de la que se obtiene la información para construir teorías. Resulta difícil trazar fronteras entre lo normativo y lo empírico. El segundo enfoque, necesita del primero para analizar la realidad que es su objeto de estudio. Además, una vez  que el enfoque normativo desemboca en teorías, sirve como referencia a la hora de realizar juicios de valor y construir teorías de esta forma.

Dejando de lado la paradoja que se establece entre lo normativo y lo empírico –pues no es este el cometido de mi estudio-, dentro del enfoque normativo nos encontramos por ejemplo los nueve modelos de democracia presentados por David Held: la democracia clásica, el republicanismo –protector o desarrollista-, el tercer modelo que equivale a las democracias protectora y desarrollista, la democracia directa, la democracia elitista competitiva, el pluralismo, la democracia legal, la democracia participativa y, por último, el noveno modelo en el que se encuentran la autonomía democrática por un lado y , su propuesta de democracia internacional, la democracia cosmopolita (Held: 1996).

Adoptando también un enfoque normativo, Benjamin Barber realiza otra tipología de democracias en las que distingue las democracias representativas de las directas.  La democracia representativa tiene tres variantes: de autorización, jurídica y pluralista, caracterizadas las tres porque la participación ciudadana se limita a la selección de las élites gobernantes. El primer tipo, la democracia de autorización, se define porque el ejercicio del poder está en manos de un ejecutivo centralizado en nombre de la seguridad y el orden. La democracia jurídica viene definida por el arbitraje, la adjudicación y la protección del derecho por parte de un poder judicial representativo pero independiente. Por último, la democracia pluralista, que se define por la resolución del conflicto a través de la negociación en mercados libres gobernados por un contrato social que hace vinculantes las promesas. De otro lado, la democracia directa, que tiene dos variantes: unitaria y participativa. La primera se define por la política del consenso en busca de su norma ideal, la unidad. En principio, la definición puede resultar muy atractiva, pero Barber advierte que este tipo de democracia presenta un problema que da pie a no desviarse de las formas representativas, pese a las deficiencias que estas conllevan. La democracia unitaria puede terminar derivando en un totalitarismo. La segunda, la democracia participativa o Strong Democracy, es el tipo de democracia por la que apuesta Barber. Se define por una política participativa, literalmente, el autogobierno de los ciudadanos (Barber: 1984)

Dentro de la perspectiva empírica, nos encontramos con definiciones de la democracia extraídas de la práctica de la misma en diferentes contextos. La mayoría de autores que han definido la democracia apoyándose en este enfoque, son partidarios de la democracia representativa liberal, pues, evidentemente, si se trata de definir la democracia haciendo un análisis de la realidad empírica, es decir, de los diferentes sistemas políticos democráticos que hay funcionando en el planeta, todos ellos, pueden parecerse más o menos, pero son representativos y liberales. Definen el sistema político democrático como un método que debe cumplir una serie de requisitos para ser considerado democrático. Así nos encontramos a teóricos de la democracia como Joseh Schumpeter, Robert Dahl o Giovani Sartori.

Teniendo presentes tanto el enfoque normativo como el empírico, a continuación me centraré en la definición de dos tipos de democracia: la representativa y la participativa. Ambos tipos, la mayoría de las veces, han sido entendidos por contraposición el uno del otro. El factor clave que ha conducido a la definición por oposición de los dos modelos, es el lugar en el que recae el poder para tomar las decisiones, es decir, para gobernar. Si el gobierno es ejercido de forma directa por el pueblo, entonces se trata de una democracia participativa o directa, pero si el pueblo delega en unos representantes el ejercicio del gobierno, la democracia es entonces representativa. Por tanto, el modo de participación también es un factor clave en dicha contraposición. Cuando el ejercicio del gobierno recae sobre el pueblo, este participa de forma directa en todos los asuntos del gobierno. Y si el ejercicio del gobierno recae sobre unos representantes, la participación del pueblo se vuelve indirecta, limitada a la elección de los representantes. Pero,  ¿se trata realmente de dos tipos de democracia opuestos e incompatibles? 



 La democracia representativa como forma de gobierno


Hanna Pitkin expone las dificultades que se plantean a la hora de definir el concepto “representación”. Dice que se han teorizado cuatro tipos de representación: 1) autorización (conferir autoridad a un acto), 2) responsabilidad (pedir cuentas al representante por sus acciones), 3) descriptiva (hacer presente algo que está ausente mediante una semejanza o imagen) y 4) simbólica (no es necesario la semejanza o imagen, sino otras cosas). Las dos primeras, son definiciones formalistas que conciben la representación como un “actuar por”. Mientras que las dos últimas, contemplan la representación como una sustitución. Pero por si solas, ninguno de estos tipos conduce a una definición apropiada de representación. La autorización y la responsabilidad, porque han sido definidas como opuestas y de forma excesivamente formalista vaciando de contenido el propio concepto de representación. Y la descriptiva y la simbólica, porque no contemplan la parte activa del concepto, es decir, la representación como acción. Así, Pitkin, intenta buscar una definición satisfactoria de representación política como un “actuar por”, que no sea excesivamente formalista y que tampoco destierre los componentes de semejanza y simbólicos del término:

La representación política es ante todo un concierto público e institucionalizado que involucra a muchas personas y grupos, y que opera de acuerdo con los complejos modos en que lo hacen los conciertos sociales a gran escala. Lo que lo constituye como representación no es cualquier acción singular realizada por cualquier participante, sino la estructura global y el funcionamiento del sistema, las pautas que son producto de las actividades de mucha gente. Es representación si el pueblo (o un distrito electoral) está presente en la acción gubernamental, aún cuando no actúe literalmente por sí mismo. En la medida que se trata de una cuestión de actuar substantivamente por otros, requiere una acción independiente en interés de los gobernados, de una manera al menos potencialmente sensible en la respuesta frente a ellos, pero que no esté normalmente en conflicto con sus deseos. Quizá eso pueda tener sentido y sea posible en política si comprendemos cómo y dónde buscarlo (Pitkin, 1985: 247)

De modo que un gobierno es representativo cuando tiene autoridad para hacer leyes vinculantes en nombre de los ciudadanos, los súbditos tienen control sobre el gobierno, se celebran elecciones generales “genuinas” y “libres”, y hay equidad (Pitkin, 1985)

Por otra parte, siguiendo la definición de Pitkin, Bernard Mannin apunta que un  régimen político es representativo si se elige a los gobernantes por intervalos de tiempo, estos toman las decisiones con cierto grado de independencia respecto a los representados, al tiempo que los propios representados gozan de libertad para expresar sus opiniones y deseos políticos sin estar sujetos al control de los representantes, y las decisiones públicas se someten a un proceso de debate (Manin, 1998).

Ambas visiones contemplan la representación política en términos de responsabilidad democrática de los representantes –accountability-, que les permite actuar con cierto margen de libertad respecto a los representados, ya que no se trata de una responsabilidad directa generadora de lazos de dependencia –como la de los padres con los hijos cuando estos son menores de edad-, sino de una responsabilidad independiente, aunque adscrita a la rendición de cuentas que los representantes deben dar de sus actos antes los representados a fin de que estos decidan seguir depositando su confianza en ellos, es decir, su voto, o le otorguen la representación a otros.

Sobre la base del concepto de representación, una democracia es representativa si se cumplen los siguientes criterios: el sufragio es universal, el derecho a ser elegido no está limitado, los líderes políticos tienen derecho a competir para conseguir apoyo y votos, las elecciones son libres y justas, existe libertad de asociación y de expresión, hay fuentes de información alternativas a las oficiales y cuenta con instituciones para hacer que las políticas públicas dependan de los votos y otras expresiones de preferencia (Dahl, 1997). De este modo, y siguiendo a Joseph. A Schumpeter, Robert Dahl define la democracia como un método. Suponiendo de forma metafórica que se trata de un estilo pictórico, se puede decir de la democracia representativa que,  aunque el lienzo cambie de forma, tamaño o color, si todos los elementos de dicho estilo se hallan contenidos en él, la pintura resultante que es un peculiar cuadro denominado, en términos de Robert Dahl, Poliarquía.

En definitiva, las características comunes de los regímenes democráticos representativos son la competitividad y la participación sobre la base de unas reglas de juego pactadas que marcan las pautas a seguir tanto para los representantes como para los representados, sin ser por ello estáticas, es decir, dejando abierta la posibilidad de que estas reglas cambien marcando nuevas pautas. Así dice Przeworski:

La democracia es un sistema en el cual algunos partidos pierden las elecciones. Existen partidos: divisiones de intereses, valores y opiniones, y existe una competencia organizada mediante un conjunto de normas. Y periódicamente unos ganan y otros pierden. Desde luego, no todas las democracias son idénticas; podríamos enumerar incontables variaciones y diferenciar diversos tipos de instituciones democráticas. Sin embargo, más allá del abanico de variaciones institucionales, para identificar un sistema político como democrático basta un rasgo esencial: su carácter de competencia abierta a la participación (1995: 14)

(...) en una democracia todas las fuerzas deben luchar repetidamente para hacer realidad sus intereses. Sus respectivas posiciones políticas no constituyen una salvaguarda para ninguna de ellas. Ninguna puede esperar modificar los resultados a posteriori; todas deben someter sus intereses a la competencia y la incertidumbre. El momento crucial de cualquier transición de un gobierno autoritario a otro democrático se sitúa al cruzar el umbral a partir del cual nadie podrá intervenir para alterar los resultados del proceso político formal. La democratización consiste en someter todos los intereses a la competencia, en la institucionalización de la incertidumbre. El paso decisivo de la democracia es la transferencia del poder de un grupo de personas a un conjunto de normas (1995: 22)

Desde el siglo III a.C. hasta el siglo XIX, la democracia fue rechazada. El resurgir con auge de la misma, se debe al cambio que esta ha experimentado. La democracia de los modernos ya no es la misma que la de los antiguos. Actualmente el término democracia es la abreviación de liberal-democracia cuyo discurso se distingue del de los antiguos en tres aspectos: la democracia es un principio de legitimidad, un sistema político llamado a resolver problemas del ejercicio del poder y un ideal (Sartori, 1992).

La intersección de la democracia liberal con la extensión de los derechos de ciudadanía ha dado lugar, a que a lo largo del siglo XX, la democracia representativa cristalice como el régimen político más legítimo o menos ilegítimo –según se mire- de los llevados a la práctica. En este sentido apunta David Held:

La teoría de la democracia representativa transformó radicalmente los términos de referencia del pensamiento democrático: los límites prácticos que una vasta ciudadanía impone a la democracia –hasta entonces el centro de tanta atención crítica (antidemocrática)- fueron eliminados. La democracia representativa pudo entonces ser acogida como una forma de gobierno responsable y factible, potencialmente estable a lo largo de grandes territorios y espacios de tiempo (...) Solo con la efectiva conquista de la ciudadanía para todos los hombres y mujeres mayores de edad la democracia liberal adquirió su forma distintivamente contemporánea: una constelación de reglas e instituciones que permite una amplia participación de la mayoría de los ciudadanos en la selección de los representantes encargados de tomar las decisiones públicas, esto es, las decisiones que afectan a toda la comunidad (...) La consolidación de la democracia representativa, así entendida, es un fenómeno del siglo XX. Porque sólo en las últimas décadas de este siglo la democracia pudo ser instaurada con (relativa) seguridad en Occidente y ampliamente adoptada como un modelo de gobierno en principio aceptable más allá de Occidente (Held, 1997: 31-33)


 

 

Las paradojas de la democracia representativa hoy



Pero, ¿es la democracia representativa el tipo de gobierno ideal? En esta cuestión está implícita la dicotomía entre lo normativo y lo empírico, la teoría y la práctica, lo ideal y lo “real”:

El concepto de representación se configura así como una continua tensión entre el ideal y el logro. Esta tensión no debería arrastrarnos ni a abandonar el ideal, ni a abandonar su institucionalización y escapar de la realidad política. Antes al contrario, esa tensión debería hacer presente un desafía continuo aunque no desesperanzado: construir instituciones y entrenar a individuos de tal forma que se comprometan en la consecución del interés público, en la genuina representación del público; y, al mismo tiempo, seguir siendo críticos con tales instituciones y con tales aprendizajes con el fin de que siempre se muestren abiertos a posteriores interpretaciones y reformas. (Pitkin, 1985: 267)

Como ya se ha mencionado anteriormente, pese a la antigüedad que se le puede atribuir al término “democracia”, es en el siglo XX cuando la democracia representativa cristaliza como un modelo de democracia factible y extrapolable. Sin embargo, mientras la democracia ha ido ganando terreno, los ciudadanos de países democráticos muestran síntomas de apatía, indiferencia y desconfianza hacia la arena política. La paradoja de una democracia que bascula entre el reconocimiento que le otorga su extensión, por un lado, y el distanciamiento ciudadano del juego político, por otro, se ha convertido en uno de los temas estrella en el campo de la Ciencia Política, dando paso al debate que versa sobre la crisis de la democracia representativa.

El triunfo del régimen democrático liberal es el mayor evento político global del último cuarto del siglo XX, pero el malestar está cada vez más presente en los discursos políticos contemporáneos (Offe, 2001). La contradicción que conlleva el triunfo de la democracia –en cuanto a su extensión mundial- frente a la desafección política[2] que los individuos manifiestan hacia esta, no responde sino a la falta de alternativas legítimas. Así dice Joan Font:

El indudable triunfo de la democracia representativa como conjunto de mecanismos institucionales para la toma de decisiones colectivas, se ha producido más por falta de alternativas que por convicción. La paradoja es que la mayor extensión real y la mayor unanimidad en cuanto a las formas de gobierno democráticas dentro y fuera de occidente, coinciden con un periodo en que estas instituciones no gozan precisamente de su mejor estado de salud en aquellos países donde más tiempo llevan instaladas: abstención electoral, crisis de confianza en las instituciones y los partidos, cinismo político, incapacidad de procesar nuevas demandas y conflictos emergentes serían algunos de los síntomas de estos problemas de salud de las instituciones representativas (Font, 2001:16)

La apatía participativa de los ciudadanos ha sido contemplada de forma positiva por aquellos que siguiendo a Schumpeter, definen la democracia como un método, un tipo de institución para llegar a decisiones políticas. Los autores de la Teoría de la democracia contemporánea –como la llama Carol Pateman-, limitan la participación al voto, pues ponen el énfasis en el funcionamiento institucional, restando importancia a la dimensión  psicológica o individual. Consideran que, la participación más allá del voto supone un peligro para la estabilidad del régimen democrático, pues el ciudadano medio no está preparado para afrontar la complejidad de la arena política (Pateman, 1970: 1-21) De ahí que la toma de decisiones deba dejarse en manos de una élite formada en el “hacer político”, seleccionada libremente por sufragio universal en elecciones competitivas durante un periodo de tiempo relativamente largo -característica principal que diferencia el método democrático de otros métodos-. Así, los ciudadanos quedan liberados para ocuparse de sus asuntos privados.

No obstante, no todos los partidarios del gobierno representativo han descuidado tanto la noción de participación. John Stuart Mill, se preocupó bastante por el término. Para él, la representación era necesaria por la complejidad que supone la buena gestión de los asuntos sociales y políticos a gran escala. Pero el gobierno, también ha de estar influido por la acción del ser humano medio. Si los individuos tienen la posibilidad de participar de forma efectiva en el gobierno, entonces las cualidades subyacentes de esta participación tienen que ser acogidas y desarrolladas en el ámbito local. La participación en el ámbito local es necesaria para la participación en el ámbito nacional, de igual modo que la última lo es para la primera (Pateman, 1970: 21-44). Pese a su hincapié en la participación directa en el ámbito local, Stuart Mill fue un defensor del gobierno representativo, como así afirma:

El único Gobierno que satisface por completo todas las exigencias del estado social es aquel en el cual tiene participación el pueblo entero; que toda participación, aún en las más humildes de las funciones públicas, es útil; que, por tanto, debe procurarse que la participación en todo sea tan grande como lo permita el grado de cultura de la comunidad; y que, finalmente, no puede exigirse menos que la admisión de todos a una parte de la soberanía. Pero puesto que en toda comunidad que exceda los límites de una pequeña población nadie puede participar personalmente sino de una porción muy pequeña de los asuntos públicos el tipo ideal de un Gobierno perfecto es el Gobierno representativo (Stuart Mill: 2000, 43)

En cierto modo, los argumentos de Stuart Mill se asimilan a una pescadilla que se muerde la cola. El problema estriba en que, si bien habla de las condiciones necesarias para que la participación política sea efectiva –equidad y educación-, no desarrolla ningún método que describa los mecanismos necesarios para que la interacción ente la participación a escala nacional y local tenga éxito. El propio Mill se dio cuenta de ello. Nunca quedó completamente satisfecho con el desarrollo de su teoría democrática, por la ambigüedad que la noción de participación representaba en esta.

En el contexto de las democracias contemporáneas, la dramática relación entre participación política y estabilidad del sistema que establecieron los Teóricos contemporáneos, ha perdido relevancia. Es más, el distanciamiento ciudadano de las instituciones políticas se reviste ahora de un dramatismo inverso. Para algunos se trata de un indicador claro de la crisis de la democracia representativa.


 

 

¿Crisis de la democracia representativa?



El debate derivado de paradoja que supone la coincidencia espacio temporal entre desafección política y triunfo de la democracia anteriormente mencionada, abre tres frentes: el de aquellos que consideran que la democracia representativa está en crisis, el de los que niegan dicha crisis y, por último, el de los que sitúan el problema del distanciamiento ciudadano de las instituciones políticas en aspectos concretos del funcionamiento práctico de las democracias representativas[3], pero no en los aspectos sustantivos o normativos de la misma.

En esta última postura, nos encontramos a los que atribuyen la crisis al funcionamiento de las instituciones. Así por ejemplo, Claus Offe enmarca los orígenes de la desafección política en las prácticas institucionales. Para Offe, la desafección política en general y el cinismo político en particular, son fruto de la estrategia oportunista de la élite política en su relación con las instituciones, pues dirigen los cambios sobre la base de sus intereses. Las estrategias de la élite, han incidido en los tres aspectos o dimensiones de la desafección. En primer lugar, el desencanto de los ciudadanos no es hacia las reglas de la democracia, sino hacia la actuación de las élites políticas (corrupción y violación de las normas). En segundo lugar, la disminución de la soberanía (renuncia a responsabilidades políticas) en pos de la globalización económica da lugar a una pérdida de crédito y credibilidad de la capacidad para gobernar. Y, por último, quedan en el aire las unidades tanto supra como subnacionales, que no dejan claro quien es el ciudadano ni hasta donde se extiende la ciudadanía (Offe, 2001).

Por otra parte, Joan Font sitúa el problema en la inadecuación de la esfera institucional a los cambios políticos y sociales. Las enormes transformaciones sociales y políticas que han sufrido las sociedades occidentales a lo largo del siglo XX, no se han trasladado a la esfera institucional. Los cambios políticos se reflejan tanto en la ampliación del campo de actuaciones como en el aumento de la complejidad política, que ya no se puede reducir a esquemas ideológicos simples (Font, 2001), maniqueos, lo cual produce dificultades a la hora de identificar responsables. Así, la representación política entendida como accountability (Manin, Stokes y Przeworski, 1999), se desvía cada vez más del componente ético, del “deber ser del actuar por”,  debido a la poca transparencia de las actuaciones políticas y la falta de mecanismos de control con los que cuentan los ciudadanos –básicamente las elecciones- para que sus representantes actúen con responsabilidad democrática.

También al hilo con el debate mencionado y, la implicación del estatismo institucional en el funcionamiento desviado de la democracia representativa, dice Norberto Bobbio que la transformación democrática de la sociedad no se ha realizado porque los dos grandes bloques de poder descendente y jerárquico, la gran empresa y la administración pública, no han sido afectados por el proceso de democratización (1986: 44-45).

La “revolución democrática” ha calado en el panorama político internacional, pues son cada vez más los países que apuestan por la democracia representativa como régimen político. Pero esta democratización no se ha extendido a las instituciones políticas y sociales. Ronald Inglehart, establece una correlación entre el incremento de la desconfianza hacia las instituciones y el aumento potencial de la participación:

La confianza en las instituciones políticas y societales consolidadas está disminuyendo: pero el potencial de participación de la mayoría de los públicos está aumentando. Así, encontramos dos tendencias relacionadas: la erosión de la autoridad institucional y el surgimiento de la intervención ciudadana en la política (Inglehart, 1998: 393)


 

La democracia participativa



Del principio justificativo del modelo de democracia participativa dice Held:

El derecho igual para todos al autodesarrollo sólo puede alcanzarse en una “sociedad participativa” que fomente un sentido de la eficacia política, nutra la preocupación por los problemas colectivos y contribuya a la formación de una ciudadanía sabia, capaz de interesarse de forma continuada por el proceso de gobierno (Held, 1996:305)

Y de las condiciones generales que son necesarias para el desarrollo de este modelo dice que son:

Mejora directa de la escasa base de recursos de muchos grupos sociales, a través de la redistribución de recursos materiales.

Reducción (erradicación, sí fuera posible), en la vida pública y privada, del poder burocrático no responsable ante los ciudadanos.

Un sistema abierto de información que garantice decisiones informadas.

Reconsideración de la atención y cuidado de los niños, para que las mujeres, al igual que los hombres, puedan aprovechar la oportunidad de participar (Held, 1996: 305)

Ya el que puede considerarse padre teórico de la participación directa, Jean-Jacques Rousseau, afirma que la equidad y la independencia económica son requisitos imprescindibles para la participación activa en un sistema político. Además, el estado ha de ser pequeño, de manera que permita la formación de grupos reducidos de individuos no organizados  que participen de forma directa e individual en la toma de decisiones. Así dice:

¡Cuántas cosas difíciles de reunir no supone el gobierno! Primeramente, un Estado muy pequeño, en donde se pueda reunir el pueblo y en donde cada ciudadano pueda sin dificultad conocer a los demás. En segundo lugar, una gran sencillez de costumbres que prevenga o resuelva con anticipación la multitud de negocios y de deliberaciones espinosas; luego mucha igualdad en los rangos y en las fortunas, sin lo cual la igualdad de derechos y de autoridad no podría subsistir mucho tiempo, y por último, poco o ningún lujo, pues éste, hijo de las riquezas, corrompe tanto al rico como al pobre, al uno por la posesión y al otro por la codicia; entrega la patria a la molicie, a la vanidad, y arrebata al Estado todos los ciudadanos para esclavizarlos, sometiendo unos al yugo de otros y todos al de la opinión (Rousseau, 1994: 78)

Para Rousseau, la participación es un fin en sí misma. El individuo sólo puede aprender a participar participando. Una vez activado el ciclo participativo, este actúa como catalizador que socializa a los sujetos en el acto de participar. Así, es la propia participación, la que educa a los individuos en las habilidades propias para su desarrollo. El problema estriba en cómo activar el ciclo participativo. Rousseau dice que hay que forzar a los individuos para que participen en los asuntos públicos, pero no dice como.

Benjamin Barber, gran defensor de la democracia participativa, alega que el problema de la democracia liberal (representativa) es que se apoya en políticas liberales que no son intrínsecamente democráticas. La concepción liberal del individuo y de los intereses individuales debilita las prácticas democráticas sobre cada uno de los individuos y los intereses de los que dependen. La teoría de la democracia liberal lleva la libertad hasta el último extremo del individualismo, proponiendo que sea un guardián el encargado de que el individualismo humano no propicie el caos. He aquí el dilema: ¿Quién custodia a los custodiadores? (Quis custodiet custodes?), es decir, si los custodiadores o guardianes como individuos están también regidos por sus intereses individuales, ¿quién se encarga de que estos actúen o representen al resto de sujetos con responsabilidad democrática, velando por el interés colectivo y no por sus intereses individuales? Por eso dice Barber que la democracia liberal es una teoría de débil democracia -Thin Democracy-, fundada sobre la precariedad. No es una teoría firme que explique las relaciones ciudadanas, la participación, el bienestar público o las virtudes cívicas (Barber, 1984)

La democracia representativa, así como los principios representativos, es vulnerable de caer en el irracionalismo. Es una “Thin democracy”, no es muy democrática, no consta de políticas convincentes, las políticas se convierten en lo que hacen los políticos, lo que hacen los ciudadanos (cuando no hacen nada) es votar a los políticos. Barber propone como alternativa: asociar la democracia a una cultura cívica cercana a la participación, las relaciones ciudadanas, y una actividad política que se ubique como centro virtuoso (ética/moral) de la democracia. Se trata de la instauración de una democracia fuerte –Strong democracy- que sirva de complemento a las deficiencias que plantea la democracia liberal, reforzando de esta manera la débil democracia que presenta la teoría liberal, capaz de adaptarse a los cambios y al tiempo ofrecer ayuda a las prácticas democráticas en esta nueva era. Así afirma Barber que “el futuro de la democracia recae en la Strong democracy –democracia participativa- , pues significa la revitalización de una forma de comunidad que no es colectivista, una forma de razonamiento público que no es conformista y una serie de instituciones cívicas que son compatibles con la sociedad moderna. La Strong democracy es definida por las políticas en la forma de participación: literalmente es el autogobierno por los ciudadanos, sin duda un gobierno representativo en nombre de los ciudadanos” (Barber, 1984: 150-151).

Expuesta en teoría, la democracia participativa puede resultar muy interesante, pero no hay que perder de vista los problemas que plantea llevar a la práctica acciones de participación directa. En este sentido dice Tomás Villasante:

La participación ciudadana es posible hoy cuando hay voluntad política para ello, y a la gente le interesa si realmente se consiguen cosas concretas. Las bases y sus asociaciones tienen interés en participar cuando se supera la tomadura de pelo de tantas reuniones que no concretan nada (1995: 26)


 

La  participación directa y sus retos



La participación política en las democracias representativas, ya no se reduce única y exclusivamente al voto. Sobre la base contextual de sistemas representativos, se enmarcan acciones concretas de participación directa en el ámbito local en diversos puntos del globo. Se trata de experiencias novedosas que poco a poco se van abriendo camino hacia su institucionalización.

La utilización de instrumentos participativos en la elaboración, desarrollo y aplicación de las políticas públicas locales, ha dado lugar a la construcción de un apasionado debate en el campo de la Ciencia Política sobre la compatibilidad o no de estas acciones de participación directa con la democracia representativa, sobre la eficiencia de la toma de decisiones por un grupo de representantes cualificados frente a la legitimidad del incremento de la participación política. Así por ejemplo, apunta Putnam que la participación deja de ser un discurso cargado de retórica y utopía para convertirse en la mejor garantía para “hacer funcionar la democracia” (Putnam, 1993), pero:

Entre los políticos siguen predominando las reticencias hacia la apertura de nuevos espacios participativos, entre la ciudadanía la apatía y la falta de implicación y en el debate académico sigue presente la desconfianza hacia un excesivo protagonismo ciudadano (Font, 2001: 15)

Según Robert Dahl, tanto gobernantes como ciudadanos tienen que pagar el precio que supone el dilema eficiencia/legitimidad. Tienen que elegir entre la “democracia de la gente” o la “democracia para la gente”, es decir, “participación ciudadana” versus “sistemas efectivos” (Merkel, 1999)

Algunos de los autores que definen la democracia como un método – capitaneados por Schumpeter-  tienen una visión elitista de la misma. Como se mencionó anteriormente, para ellos, la participación directa de los ciudadanos en los asuntos políticos, pone en peligro la eficiencia del sistema porque los equipos que llegan al poder y tratan de favorecer los procesos participativos, tienen a menudo poca experiencia en la gestión. Pero esta tesis es rebatida por Marion Gret, que arremete contra los argumentos elitistas alegando que los presupuestos participativos de Porto Alegre han mejorado el funcionamiento y la eficacia de la democracia en esta localidad (Gret, 2003).

Un reto importante que tiene que afrontar la democracia participativa, es el desafío de la participación. En las sociedades occidentales, la movilización social se ha ido extendiendo a campos de actuación que van más allá de las transformaciones ocasionadas por los procesos de urbanización e industrialización. Los ciudadanos están ahora más preparados para participar que antes. El nivel educativo ha ido subiendo y las tasas de analfabetismo bajando. En le marco del Estado de Bienestar, las necesidades básicas de los individuos han quedado cubiertas[4]. Definitivamente, nos encontramos con una ciudadanía más exigente, pero no por ello tan predispuesta a participar como a mejorar su nivel de vida.

Como se apuntaba anteriormente, una característica de los sistemas políticos democráticos actuales es la desafección política. La democracia es el régimen político más aceptado, pero a la mayoría de ciudadanos no les interesa participar. Solo el “ciudadano ideal”, se interesa por el desarrollo de las actuaciones en la arena política e intenta participar en este con los medios que disponen para ello y/o siempre que se le otorga la oportunidad de hacerlo, habitualmente porque también cuenta con los recursos necesarios –información, conocimiento, tiempo, etc- para desarrollar esta actividad participativa. Estos sujetos no plantearían ningún problema a la hora de poner en práctica mecanismos participativos. Pero, si la participación se concentra sólo en aquellos sectores interesados en participar, se corre el riesgo de que las desigualdades sociales se traduzcan en desigualdades políticas. No todos los individuos disponen de la misma cantidad de tiempo libre, ni tienen el mismo interés por la política, ni cuentan con el mismo nivel de información y conocimientos. Por tanto, a la hora de poner en marcha acciones participativas hay que tener en cuenta todos estos factores para evitar caer en una participación sesgada, en un modelo de democracia que, contradictoriamente, aunque más abierto a la participación más elitista o menos igualitario que el voto, en tanto en cuanto los que más participan no sean representativos del universo social.

No obstante, las formas de participar que nos hacen iguales, como la votación por sufragio universal, no permiten al individuo expresar la intensidad de su participación, a excepción de aquellos cuya intensidad es nula y deciden no votar. Las sociedades que dan más oportunidad a expresar la intensidad de la participación, suelen ser regímenes opresivos. Es la exaltación que produce este tipo de participación la que ha conducido a veces a rechazar la monotonía de la vida política de una democracia. Pero en una democracia, la pasión por participar se puede expresar de forma diferente al voto (Hirschman, 1986). Aún así, los individuos no se sentirán motivados para participar, si esta acción conlleva para ellos costes muy elevados en relación con los beneficios o la satisfacción que requiere la inversión de participar. Además, el interés por participar puede decaer también si los sujetos no se sienten identificados con un grupo que se muestra solidario hacia el conjunto de grupos que comprende el municipio[5]. Si no hay sentimientos de lealtad, la salida per se es esencialmente gratuita (Hirschman, 1997:84)

Por tanto, a la hora de poner en marcha un mecanismo de participación directa, los representantes han de tener en cuenta el reto que plantea conseguir que participe el mayor número posible de ciudadanos, o que los que participen supongan una muestra representativa del universo municipal.

La introducción de instrumentos participativos también plantea problemas con el concepto de representación entendido como accountability. Surge la cuestión de cómo otorgar voz a los ciudadanos sin que los políticos -es decir, los representantes- dejen de ser globalmente responsables de su actuación y puedan responder de ella en el siguiente proceso electoral. Se abre pues una nueva dicotomía en la que vuelve a estar implicada la legitimidad, y de la otra cara se sitúa la representación.


 

Nuevos mecanismos participativos: ciudadanos versus consumidores


Los nuevos instrumentos de participación ciudadana son diversos, se ponen en funcionamiento en contextos distintos y con objetivos diferentes. Esta variedad, dificulta la elaboración de una tipología de los mismos. Se pueden agrupar sobre la base del mecanismo al que responden, como en la tabla que se presenta a continuación.


Tabla 1

Mecanismos e instrumentos participativos

Mecanismos de consulta a las comunidades/ de base asociativa

Consejo o comisión

Territoriales

Sectoriales

Mecanismos deliberativos

Instrumentos de búsqueda de información y deliberación ciudadana

Círculos de estudio

Forums temáticos

Visiones de la comunidad

Conferencias de consenso

Instrumentos de deliberación enfocados a una participación representativa de las características sociológicas de la comunidad (muestreo representativo).

Encuestas deliberativas

Jurados ciudadanos

Paneles ciudadanos.

Mecanismos de democracia directa

Asambleas

Referendum

Teledemocracia/ Páginas web

Mecanismos de evaluación de los servicios públicos (Enfoque de gestión de la calidad, con una visión clientelista del sujeto)

Quejas

Encuestas de opinión

Mecanismos de co-gestión

Presupuestos participativos

Otros mecanismos

Mediación

Evaluación de los presupuestos municipales

Fuente: Elaboración propia[6]


 

No obstante, la clasificación puede ser aún más sencilla. Pueden agruparse los instrumentos participativos sobre la base del tipo de decisión a tomar y, por tanto, del grado de implicación de los individuos en el diseño de las políticas públicas. Así, se pueden distinguir tres tipos de instrumentos:

- Aquellos que permiten que los ciudadanos definan el problema y apunten las soluciones.

- Aquellos que se utilizan, cuando el problema ya está definido, para consultar a los ciudadanos la búsqueda de soluciones.

- Aquellos que simplemente, definido el problema y elaboradas una serie de decisiones, se utilizan para que los ciudadanos elijan entre el abanico de soluciones que se les presentan.

Así pues, la introducción de instrumentos participativos en la deliberación y/o toma de decisiones no parte siempre de los mismos objetivos y, no produce los mismos resultados. Si la decisión tomada por las personas que participan de forma directa es acatada por los representantes municipales, se produce un  cambio en las reglas de juego político. Pero este cambio no es sustancial si no se les permite a las personas, además de decidir las soluciones, participar en la definición de los problemas municipales. La utilización de los instrumentos participativos, de una forma u otra, está muy condicionada por la percepción que tiene el gobierno local del rol que debe desempeñar y, por ende, de los ciudadanos a los que representa.

Las autoridades locales pueden contemplar a los individuos como clientes y consumidores o como ciudadanos, en relación con la visión que tengan de sí mismos –si se ven como gerentes y empresarios o como políticos-. La orientación ideológica del grupo o grupos que configuran el gobierno local, se encuentra estrechamente vinculada a la concepción que los representantes locales tienen de la relación que ha de establecerse entre la sociedad civil y el estado. Así, el modelo de democracia local puede resumirse en la tabla siguiente:

 

Tabla 2

Dimensión

Modelo

Individuo

Orientación ideológica

Administrativa/ Gerencial

Consumerista

Cliente

Orientaciones reformistas

Política

Ciudadanía

Ciudadano

Nueva Izquierda

Fiscal

Accionarial

Accionista

Nueva Derech

Fuente: Elaboración propia a partir de Brugué, Amorós y Gomà, “La Administración Pública y sus clientes: ¿Moda organizativa u opción ideológica?

 

El modelo de democracia local puede tomar dos direcciones que representan opciones político ideológicas de fondo. Por un lado, se puede percibir al ciudadano como poseedor de derechos individuales que se articulan mediante mecanismos que impulsan su libertad y capacidad de elección, con lo que se mercantilizan las relaciones entre el ciudadano y la administración, dando lugar a lo que unos han denominado democracia de supermercado. Por otro, se puede percibir al ciudadano como miembro de una comunidad donde se producen relaciones de solidaridad y se desarrollan mecanismos de regulación social. Para lo que es necesaria una administración más descentralizada y una democracia participativa. La dirección a seguir depende de una cuestión ideológica trascendental, donde la politización del ámbito local juega un papel muy importante. (Brugué y Gomà, 1998). Optar por el primer modelo de democracia local, responde más a una aptitud gerencialista, con la que el gobierno local se asimilaría más a una empresa suministradora de servicios que a un espacio político, de debate público, mediador entre la sociedad civil y el mercado, en el que se analizan los problemas de la comunidad y se elaboran políticas publicas que tienen en cuenta las necesidades de todos los grupos que forman esa micro sociedad que es el municipio. Pero el segundo modelo, pese a los riesgos o costes que pueden acarrear el desafío de la eficacia o el de la participación, puede suponer enormes beneficios para mejorar la calidad de la democracia si conduce a entrar en una dinámica participativa que acerque a la sociedad civil a las arenas políticas –ocasionando una interacción continua entre el gobierno y la sociedad civil locales-, rompa con la apatía, la indiferencia, el cinismo y la desconfianza de la ciudadanía hacia la política y, sobre todo, adecue el funcionamiento de las instituciones democráticas a la era de cambio continuo que estamos viviendo. Sin que ello signifique un cambio de modelo democrático, de representativo a participativo, sino una complementariedad entre ambos.



Mejorar la calidad de la democracia: la apuesta por una democracia radical.


El voto es una forma de participación que no supone costes elevados para el que lo ejerce, pero tampoco beneficios notables. Se trata de una forma de participación impersonal, pues, en la mayoría de los casos, cuando un ciudadano introduce la papeleta en la urna, está depositando su confianza en un grupo de personas a las que no conoce personalmente. Pero en sociedades complejas y plurales, como la española, pensar en un modelo de democracia directa en la que cada individuo es representante de sí mismo, supone una meta inalcanzable cuya distancia aumenta según subimos niveles de gobierno (local, autonómico, nacional). Por tanto, la representación política es como una solución a medio camino entre lo universal y lo particular en las sociedades democráticas complejas y plurales. Es universal, porque los representantes son fruto de la elección de todo el conjunto; y particular, porque las opciones a elegir son varias. En teoría y en abstracto[7], también es una forma de participación justa, pues vale lo mismo para todos los miembros que pertenecen al conjunto de la nación, independientemente de las diferencias socioeconómicas y culturales de cada uno.

No obstante, el voto no es garantía suficiente de que los representantes actuarán con responsabilidad democrática ante los que depositaron su confianza en ellos. Tampoco es un mecanismo de control eficiente, pues sólo sirve para poner y quitar representantes, sin que estos puedan intuir nada más que “lo hicieron bien” a juicio de los electores si son reelegidos, o que “lo hicieron mal” si eligen a otros. Pero no saben la respuesta detallada al porqué “lo hicieron mal” cuando el electorado da un vuelco hacia la oposición. Quizás en su afán de jugar a ser dioses por unos años se olvidaron de las necesidades que demandaban sus representados, o quizás les falló el sexto sentido. Pero el enigma permanecerá latente, pues el voto no es más que un “te quiero” o un “te dejo” sin más explicaciones, en una relación donde la comunicación fluye abordada por las interferencias. En este sentido, los instrumentos de participación directa ofrecen a los representantes la posibilidad de salir dudas, y de seguir gobernando si son capaces de elaborar soluciones adecuadas[8] en el cada vez más complejo entramado de la arena política, con ayuda de las personas que viven en la localidad en la que los representantes ejercen su mandato.

Además, los instrumentos de democracia participativa, no solamente le brindan la posibilidad de participar en el diseño y desarrollo de las políticas públicas locales a los ciudadanos del municipio en el que se ponen en práctica, también se la ofrecen a aquellos residentes en el municipio que no cuentan con derechos políticos. Es decir, al agregado de colectivos cuyos individuos son comúnmente denominados como “inmigrantes”[9]. De forma que, la introducción de instrumentos participativos en el proceso de toma de decisiones puede, por un lado, acortar las distancias entre representantes y representados dando lugar a una comunicación más fluida y transparente y, por otro lado, también puede servir de apoyo a una apertura de la ciudadanía desde el entorno local.

Ciertamente, como se apuntaba al principio, la equidad es una variable que influye directamente sobre la participación directa. Las desigualdades sociales se traducen en desigualdades políticas si todos los individuos no cuentan con los mismos recursos –básicamente información, conocimiento y tiempo- a la hora de participar. En este sentido, quizás sea el voto la fórmula magistral que acorta las distancias sociales de manera que estas no se traduzcan automáticamente en desigualdades de participación política ciudadana, pero no reduce por ello las desigualdades sociales. Sin embargo, la puesta en práctica de acciones de participación directa en el ámbito local, puede contribuir a mejorar la calidad de la democracia en el municipio. Pues igual que los representantes utilizan la participación como medio para poder gobernar, los individuos tienen la oportunidad de utilizarla para mejorar sus condiciones de vida. Se le brinda a la sociedad civil la oportunidad de reconquistar el espacio público, de alzar la voz y hablarle a alguien que ha pasado de oírte a escucharte, pues es consciente de que si no lo hace, la salida puede estar asegurada.

Por tanto, el uso inteligente de instrumentos de participación directa, puede suponer una mayor democratización de la democracia representativa –combinando los mecanismos participativos con los procesos electorales-, y una apuesta por la ampliación de derechos sociales y políticos, como su extensión a aquellos sujetos que aún no han conseguido el estatus de ciudadano y la participación efectiva de aquellos que aun habiendo conseguido este estatus, no cuentan con los recursos suficientes para hacer frente a tales privilegios y se hallan enclaustrados en una ciudadanía de segunda categoría.


Pero ello no será posible, si la sociedad civil no cuenta con representantes que se muestren favorables a la introducción de mecanismos participativos, más allá de una utilización gerencialista de los mismos. Representantes que actúen como verdaderas políticos responsables de la función que les ha sido otorgada. Que se impliquen y preocupen por los problemas del municipio. Alcaldes que apuesten por una “democracia radical”[10], que detenten un nuevo tipo de liderazgo, el de aquellos que siempre saben dar paso a los anónimos cuando es necesario.





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Notas.

[1]  Citado en Castells, Vol. II, 2001, Pág. 341.

[2] Utilizando la definición de Mariano Torcal se entiende la “desafección política” como: “El sentimiento subjetivo de la ineficacia, de cinismo y de falta de confianza en el proceso político, los políticos y las instituciones democráticas que generan un distanciamiento y alienación en relación a esto, falta de interés por la política y los niveles más bajos de participación en las principales instituciones de la representación política, pero sin cuestionar el régimen democrático” (2001:117).

Completando esta definición con la de Claus Offe, la desafección también implica el desarraigo identitario con el grupo: “Si hablamos de desafección, nos referimos a un conjunto de fenómenos que tienen que ver con actitudes negativas y modelos de comportamiento de la gente hacia los demás ciudadanos, hacia la vida política en general, hacia las instituciones políticas y hacia la práctica de la ciudadanía (...) Desafección en política también hace referencia a la condición principalmente emocional y pasional (más que cognitiva), de ausencia de sensación de “pertenencia al grupo”, sentirse a disgusto en la comunidad política, marginación, faltas de representación, privación de recursos políticos, falta de confianza, etc” (2001:213)

[3] Se utiliza el sustantivo en plural porque al traspasar de la dimensión teórica a la práctica, las características universales que definen la democracia representativa, se mezclan con los particulares del lugar que envuelve al sistema político donde se pone en práctica.

[4] Hay muchos modelos de Estado de bienestar, y se pueden hacer muchas críticas a este. Es cierto que no ha supuesto un equilibro más o menos equitativo de la renta social, pero si ha cubierto necesidades básicas para la existencia de los individuos, como la proporción de alimentos, e incluso de atención sanitaria. A posteriori han ido surgiendo más necesidades que socialmente son consideradas básicas, pero con necesidades básicas quiero referirme al tener lo suficiente para sobrevivir.

[5] Con solidaridad municipal entre grupos diferentes me refiero a que los grupos reconozcan no sólo su derecho propio a participar y ser escuchados, sino también el derecho a participar y ser escuchados de los otros grupos.

[6] A partir de:

Colino y Del Pinno (2003), “Un fantasma recorre Europa: renovación democrática mediante iniciativas de promoción participativa” presentado en Segundas Jornadas de Sociología política.

Font (2003), “Experiencias de democracia local. Un balance crítico” presentado en Segundas Jornadas de Sociología Política.

Gomà y Font (2001), “La democracia local: un mapa de experiencias participativas” en Ciudadanos y decisiones públicas.

[7] En la práctica, el voto de cada individuo no vale lo mismo, pero ello no está relacionado directamente con la posición social del sujeto, si no con el diseño de las circunscripciones electorales y la fórmula que se utilice para repartir los escaños. Además no todos los que habitan en una nación, gozan del privilegio de la nacionalidad, que es la llave de acceso a la ciudadanía y, por ende, al derecho al voto.

[8] Con soluciones adecuadas, no me refiero más que a responder a las espectativas de los representados.

[9] Residentes extranjeros no comunitarios.

[10] Que pongan las metas en la utopía aun teniendo presente que esta es irrealizable, pues dejaría de ser utópica.